POLÍTICAS DE JUVENTUD EN COLOMBIA:
UNA FECUNDA EXPERIENCIA A TENER EN CUENTA
Se trata de una de las experiencias más fecundas de América Latina. Sus aportes al desarrollo de las políticas públicas de juventud han sido –en los últimos tiempos- fundamentales. Estamos hablando de Colombia, un país que ha mostrado rumbos claros y concretos en estos dominios a todo el continente, tanto desde el campo legislativo como en el terreno de las políticas públicas de juventud, y tanto desde el Estado (nacional, departamental y municipal) como desde la sociedad civil.
Esta entrega de “País del Mes” trata de brindar –al menos- una imagen genérica inicial sobre esta experiencia, a modo de invitación a todos los interesados en estos temas, a conocerla en detalle, recorriendo las publicaciones y los sitios Web que incluimos en las secciones correspondientes, pero sabemos que estamos dejando fuera muchas aristas relevantes al respecto, por lo que esperamos que nuestros eventuales lectores nos ayuden a ir completando esta “imagen”, colectivamente.
El itinerario institucional que ha recorrido Colombia en estos dominios, es muy diverso, como lo son –también- sus múltiples experiencias promocionales a nivel departamental y municipal. Razones de espacio y de tiempo nos impiden incluir –ahora- las fecundas experiencias de Bogotá, Manizales y Medellín (entre muchas otras) pero se trata de casos muy relevantes, desde los cuales todos y todas podemos aprender en América Latina.
La Ley de Juventud aprobada en 1997 abrió el camino a muchas otras leyes similares en la región, y el protagonismo de los propios jóvenes ha sido –desde siempre- una seña de identidad muy particular. Los Consejos Municipales de Juventud, cuyas autoridades son electas directamente por las y los jóvenes (caso único en el mundo) también han mostrado un posible camino a recorrer en estos dominios, a pesar de todo lo que quede por corregir y mejorar en estas materias.
Una amplia gama de “juvenólogos”, formados en la “academia” y en la “práctica” durante décadas, trabajan sistemáticamente en estos dominios (en un contexto sumamente difícil, por cierto) aportando “buenas prácticas” en muy diversas esferas, y mostrando “hallazgos” sumamente relevantes surgidos de rigurosas investigaciones sobre temáticas muy diversas. El “estado del arte” sobre las investigaciones producidas en las últimas décadas, es una buena muestra al respecto.
Por estas y muchas otras razones por el estilo, invitamos a recorrer esta entrega especial de “País del Mes” y a seguir conociendo –más y mejor- esta fecunda experiencia.
CONFLICTO, DESARROLLO Y DEMOCRACIA
Los jóvenes están en el centro de casi todos los asuntos relevantes de la sociedad colombiana, y son muchos los programas y políticas que se desarrollan en su beneficio. Sin embargo, dichos esfuerzos carecen de visibilidad y de reconocimiento, ya que se despliegan en medio de un agudo conflicto y en el marco de una grave crisis económica y social.
De acuerdo a sus dimensiones, Colombia es el tercer país más grande de América Latina, luego de Brasil y México, con una población de más de 40 millones de habitantes. Al igual que muchos otros, enfrenta profundos problemas relacionados con la pobreza y el subdesarrollo, pero a diferencia de muchos otros, ha sabido encontrar respuestas operativas de gran eficacia, gracias a las cuales ha podido ir mejorando sostenidamente sus principales indicadores sociales y económicos, en las últimas décadas.
Así, mientras en la mayor parte de los países de la región, la década perdida de los ochenta dejó enormes déficits económicos y sociales, y obligó a procesar ajustes y reformas estructurales con elevados costos de todo tipo, Colombia desplegó planes de desarrollo que fomentaron la modernización, a través de particulares estrategias que incluyeron claras apuestas a la descentralización política, a la participación ciudadana y al fortalecimiento del Estado, incluidas en la Constitución aprobada en 1991, luego de una amplia movilización popular, encabezada en gran medida por las generaciones más jóvenes.
Pero a diferencia de casi todos los demás países de la región, Colombia enfrenta un agudo conflicto político y social que lleva ya más de cinco décadas, y que en las dos últimas se ha visto incentivado y amplificado por la presencia y el desarrollo del narcotráfico, que ha incidido claramente en la transformación de la mayor parte de los actores sociales y políticos. Por si fuera poco, en los últimos años, la sociedad colombiana se ha visto enfrentada a la peor crisis económica desde los años treinta, y que incluye entre sus principales indicadores, niveles negativos de crecimiento económico y las más elevadas tasas de desempleo de toda la región.
Así, en el cambio de milenio Colombia perdió los importantes avances que había obtenido en el combate a la pobreza y en el desarrollo social desde comienzos de esta última década, y desarrolló más que nunca los enfrentamientos de todo tipo. “Colombia se ha venido hundiendo en un mar de pesimismo”, sostuvo hace unos años el actual Sub Secretario General de las Naciones Unidas, ex Secretario Ejecutivo de la CEPAL y Ex Ministro de Hacienda de Colombia, José Antonio Ocampo, agregando que “nos hemos inmerso en una catarsis colectiva, en múltiples formas de polarización y en esfuerzos inquisidores desconocidos en varias décadas de vida nacional”.
Aún así, y a pesar de todo, la sociedad colombiana no se rinde, y sigue desplegando una dosis de optimismo y creatividad no muy comunes en el resto del continente, y que despierta admiración entre los observadores externos que visitan el país, procurando identificar las causas de tan agudos problemas y las posibles vías de salida. En los últimos años, los niveles de violencia han ido disminuyendo, y algunos de los grupos armados han entrado en negociaciones con el gobierno, por lo que cabe esperar algunos avances en el futuro.
JUVENTUD Y CRISIS
Los jóvenes se encuentran en el centro de casi todas las dinámicas actualmente en proceso, siendo los más afectados por el conflicto y por la crisis, y ubicándose a la vez en el centro de la búsqueda de respuestas alternativas, centradas en la construcción de la paz necesaria para procesar la concertación y los cambios que todos los colombianos reclaman.
Así, en el país más violento de la región más violenta del mundo (según los estudios especializados de los principales organismos internacionales), los jóvenes reciben la peor parte, al estar en los principales puestos de todas las batallas, formando parte del ejército regular y de las principales milicias irregulares (grupos guerrilleros, grupos de autodefensa o paramilitares, servicios privados de seguridad, etc.). Y por si ello fuera poco, son los protagonistas centrales del “sicariato”, uno de los fenómenos más aberrantes de todo este complejo proceso, compuesto por decenas de miles de jóvenes (casi niños) que son contratados para matar a quien sea, por todo tipo de razones y en cualquier circunstancia.
Del mismo modo, son más de la mitad de los desempleados en todo el país, y si bien han podido disfrutar en mayor medida que en cualquier otra etapa de la historia nacional de los beneficios de un sistema educativo de amplia cobertura, enfrentan agudos cuadros de deserción escolar y reciben una capacitación que no los prepara adecuadamente para el desarrollo de sus roles como trabajadores y como ciudadanos. Sumado a ello, mientras las tasas generales de fecundidad han ido acercando a Colombia a los países que ya han completado su transición hacia modelos más equilibrados (menos número de hijos por mujer, mayor esperanza de vida, etc.) el embarazo adolescente se ha multiplicado y la estabilidad de las parejas se ha deteriorado significativamente, afectando en gran medida a las mujeres jóvenes, que enfrentan notorias dificultades para su integración social.
Hace ya casi veinte años, Rodrigo Parra realizó uno de los mejores informes sobre la situación de la juventud colombiana, y utilizó como título una frase que luego se popularizó en muchos otros contextos nacionales en América Latina, aludiendo a la “ausencia de futuro” como la perspectiva más probable para los años siguientes. Desde entonces, las condiciones sociales y económicas en el país han mejorado y el conflicto político se ha agudizado, al tiempo que el Estado se ha fortalecido y descentralizado en gran medida, pero las condiciones en las que crecen y maduran las generaciones más jóvenes, siguen siendo igualmente problemáticas, agudizadas en el cambio de milenio, como resultado de la crisis de la que todavía no se logra salir.
Lo dicho, permite analizar hasta que punto las políticas públicas relacionadas con la juventud no han podido responder de manera adecuada a esta compleja situación, a pesar de la amplia y variada gama de recursos invertidos en las mismas, todo lo cual, lleva directamente a la revisión de las propias estrategias utilizadas para su diseño e implementación. Aunque el tema se analiza en otra sección, importa destacar aquí este hecho, porque el mismo remite a la identificación de causas estructurales, de larga y extendida vigencia, que habrá que enfrentar con decisión y firmeza si se pretende modificar estas preocupantes tendencias, para las y los jóvenes y para el conjunto de la sociedad.
ACTORES ESTRATÉGICOS
Aún en medio de un cuadro de situación sumamente preocupante, las y los jóvenes colombianos protagonizan diversas iniciativas vinculadas con la construcción de alternativas. El tema remite a la condición de los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo, y esto resulta destacable por cuanto a pesar de que también en este país la apatía y el distanciamiento de las y los jóvenes con relación a las principales instituciones públicas y privadas son muy marcados, las movilizaciones juveniles que reclaman enfáticamente la paz como objetivo y el respeto a los derechos humanos como camino, han sido en las últimas décadas tan relevantes como decisivas en este proceso.
No corresponde realizar un análisis histórico al respecto, pero importa al menos recordar que si la presencia de los jóvenes en la sociedad colombiana se desplegó en los años sesenta y setenta a través de los movimientos hippies y de las organizaciones guerrilleras (sin que existieran “sujetos juveniles” como tal) en los años ochenta la presencia de los jóvenes en la sociedad pasa a desplegarse con más fuerza y con sólidos argumentos, en relación a la necesidad de cambiar las principales reglas de juego del proceso económico, social y político, todo lo cual, culmina con la aprobación de la Constitución Nacional en 1991, registrando en torno a dicho acto, los mayores niveles de participación política juvenil de toda la historia nacional.
En dicho marco, los años noventa pasan a ser testigos de nuevas y renovadas formas de participación juvenil, al amparo de nuevos derechos y espacios sociales reconocidos por la Constitución. Así, la democratización en la escuela, pasa a ser un nuevo espacio para la participación, a través del proyecto educativo institucional, los personeros estudiantiles y muchas otras figuras por el estilo. Y en paralelo, la creación de Consejos Nacionales y Locales de Juventud, elegidos democráticamente por los propios jóvenes, y la puesta en funcionamiento de Casas de la Juventud y de Clubes Juveniles, entre otras iniciativas conexas, comienzan a generar nuevos y más amplios espacios para la participación, que encuentran su momento culminante en la aprobación de la Ley General de Juventud en 1997, que permite reunir y armonizar legalmente dichos espacios.
En paralelo, nuevas formas de expresión juvenil van ganando reconocimientos sociales en muy diversas esferas, y al menos dos tipos particulares merecen ser destacados al respecto: las expresiones culturales por un lado y las manifestaciones políticas por el otro. El primero de los fenómenos se puede ver simbolizado en la realización de los denominados “Rock en el Parque”, que anualmente reúnen en Bogotá a cientos de miles de jóvenes provenientes de todo el país, generando espacios para la expresión cultural de las nuevas generaciones en muy diversas esferas y colaborando con la consolidación de identidades juveniles autónomas. Por su parte, la segunda de dichas expresiones puede verse claramente visualizada en las múltiples manifestaciones por la paz impulsadas por miles de jóvenes, que han tomado las calles en numerosas ocasiones, y de las que han participado cientos de miles en las principales ciudades del país. La Asamblea Nacional de los Jóvenes por la Paz, incluso, comienza a consolidar espacios institucionalizados para la participación juvenil en gran escala en estas materias, junto a muchos otros espacios por el estilo.
CONSTITUCIONALIDAD PUBLICA
¿Cómo se ha tratado de responder, desde la institucionalidad pública a los principales desafíos de la realidad juvenil? ¿Qué impactos se han obtenido al respecto? Un esquemático recorrido por las respuestas instrumentadas durante las últimas décadas, puede ayudar a identificar algunas claves a tener en cuenta en estas materias.
Aunque las respuestas tradicionales, desde el punto de vista institucional, estuvieron ubicadas en COLDEPORTES (organismo especializado en deportes, del que dependió durante muchos años el tema “juventud”) a comienzos de los años noventa se crea la Consejería Presidencial para la Juventud, la Mujer y la Familia, procurando potenciar y articular los esfuerzos públicos dirigidos a diversos sectores poblacionales, incluyendo niños, jóvenes, mujeres, ancianos y discapacitados, tomando a la familia como eje articulador y al concepto de vulnerabilidad como eje sustantivo estructurador.
En este marco, en 1992 se aprobó el primer documento CONPES en el Consejo Nacional de Política Económica y Social (órgano máximo de orientación general) relacionado con la juventud, concebido como primera Política Nacional de Estado para la Juventud. Durante su gestión, la Consejería promovió y cofinanció la creación de estructuras administrativas encargadas de la gestión municipal y departamental de la política pública de juventud, conocidas como “Oficinas de Juventud”. En el contexto de la descentralización promovida por la Constitución de 1991, esto constituye un paso trascendente, en la medida en que ésta trasladó las principales responsabilidades del desarrollo social a los municipios.
Sin embargo, a pesar de los avances obtenidos, la atención de los jóvenes seguía mostrando carencias importantes, por lo que en agosto de 1994, se crea el Viceministerio de la Juventud, adscrito al Ministerio de Educación Nacional, como un intento por dotar a las políticas de juventud de un mecanismo institucional estable. Sus funciones principales se orientaron a coordinar el diseño y ejecución de las políticas, planes y programas de educación, protección y desarrollo de la juventud, así como a ofrecer asistencia técnica a los entes territoriales y a las entidades públicas y privadas que realizan actividades con y para los jóvenes.
Para ello, el Viceministerio se apoya centralmente en un nuevo Documento Conpes de Juventud (aprobado en 1995), el cual es integrado al Plan de Desarrollo Nacional, denominado “El Salto Social”, a ser aplicado por el nuevo gobierno. Allí se plantea el reconocimiento del joven como sujeto de derechos y deberes y como protagonista en la construcción de su proyecto de vida. Para ello el Estado debe garantizar el respeto de estos derechos y generar condiciones propicias para la participación y el ejercicio de la ciudadanía plena por parte de los jóvenes. Reconoce asimismo la diversidad de los jóvenes y la equidad entre los géneros, permitiendo su consecuente expresión como pluralidad de identidades, visiones e intereses.
Como estrategia general, el Viceministerio promueve la coordinación intersectorial entre las diferentes entidades oficiales que trabajan en el dominio de la juventud, y con las oficinas departamentales y municipales de juventud, reservando para sí algunos roles ligados con el acompañamiento y la asistencia técnica, sin entrar en la ejecución directa de programas, pero la autonomía establecida por la Constitución y el peso de largas tradiciones burocráticas sectoriales, impiden que dicho esquema operativo rinda los frutos esperados. En realidad, se pasa a un esquema en el que la política pública se segmenta significativamente, perdiendo las articulaciones anteriormente desplegadas.
En dicho contexto, una iniciativa realmente significativa fue la aprobación de la Ley de Juventud en 1997, por medio de la cual se establece todo un sistema institucional para el diseño, la implementación y la evaluación de la política pública de juventud, incluyendo la creación de mecanismos de protección de los jóvenes (el Defensor de los Jóvenes en la Oficina del Defensor del Pueblo) y de participación de la sociedad civil en la gestión propiamente dicha, a través de diversas modalidades operativas. Es de anotar, que su promulgación se hizo tras un amplio proceso de consulta que recogió las inquietudes de más de 6.000 jóvenes del país. También resulta importante destacar que la Ley consagró al Viceministerio de la Juventud como ente rector de las políticas dirigidas a los jóvenes colombianos, lo cual demostró la voluntad política de mantener y fortalecer una organización estatal de alto nivel que dinamizara los procesos juveniles.
Sin embargo, el nuevo gobierno, instalado en 1998, comenzará a desarrollar una estrategia diferente, que culmina con el cierre del Viceministerio y su reciente transformación en un programa presidencial, volviendo en buena medida al esquema anterior, ubicando el tema nuevamente en la Presidencia. En efecto, el Decreto N° 822 de 2000, crea en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República el Programa Presidencial para el Sistema Nacional de Juventud “Colombia Joven”, con el cometido de “fijar políticas, planes y programas que contribuyan a la promoción social, económica, cultural y política de la juventud. En tal virtud –se establece- promoverá la coordinación y concertación de todas las agencias del Estado y de las demás organizaciones sociales, civiles y privadas, en función del pleno desarrollo del Sistema Nacional de Juventud establecido en la Ley 375 de 1997 y de los sistemas territoriales de atención interinstitucional a la juventud, e impulsará la organización y participación juvenil en el campo económico, tecnológico, político, social y cultural y la vinculación de los jóvenes colombianos con la globalización y el desarrollo universal”.
LEY DE JUVENTUD
La Constitución del año 1991 considera a los tratados de derechos humanos como una guía para la interpretación de los derechos consagrados en la Constitución de Colombia. La Constitución señala que “las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes” (Art. 42). El Art. 45 expresamente reconoce a los y las adolescentes y jóvenes como sujetos de derechos, y prevé que el adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral y que el Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud.
En el marco del mandato constitucional, en 1997 se expide la Ley de Juventud Nº 375, que define a los jóvenes como “la persona entre 14 y 26 años”. La ley se refiere a la promoción de la formación integral del joven y señala que “el estado debe garantizar el respeto y promoción de los derechos propios de los jóvenes que le permitan participar plenamente en el progreso de la nación” (Art.2). En el marco de esta Ley, se crea el Sistema Nacional de Juventud, definido como “el conjunto de instituciones, organizaciones, entidades y personas que realizan trabajo con la juventud y en pro de la juventud”.
“Las instancias sociales de la juventud que define la Ley son el Consejo Nacional de Juventud, los Consejos Departamentales y los Consejos Distritales y Municipales de Juventud como cuerpos colegiados de representación y las organizaciones no gubernamentales que trabajan con jóvenes y demás grupos juveniles de todo orden. Son instancias estatales de juventud a nivel nacional, el Viceministerio de la Juventud del Ministerio de Educación Nacional y a nivel departamental y local las dependencias que autónomamente creen las entidades territoriales, tales como secretarías, oficinas o instituciones departamentales, distritales o municipales para la juventud” (Art. 18).
El Art. 43 considera como fuentes de financiación “los recursos del sector público de orden nacional y territorial, los recursos provenientes del sector privado, los de la cooperación internacional y por último los autogestionados por los mismos jóvenes”. En el año 2000 se promulga el Decreto 089 que reglamenta la organización y el funcionamiento de los Consejos de Juventud como organismos colegiados de carácter social, autónomos en el ejercicio de sus competencias y funciones e integrantes del Sistema Nacional de Juventud, que posibilitan mecanismos de interlocución, veeduría y construcción concertada de las políticas de juventud.
En 2003, se adopta La ley 812 de junio 26 de 2003, por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006 “Hacia un Estado Comunitario”, en el que se establece que “se diseñará e implementará la Política Pública Nacional de Juventud con una visión a diez años, con base en la concurrencia de la población joven para su diseño y construcción vinculando los procesos locales y municipales”. En este marco, se desarrolla una intensa labor tendiente al diseño participativo de la Propuesta de Política Nacional de Juventud, tal como puede visualizarse en el apartado respectivo.
SERVICIOS INTEGRADOS
Una de las iniciativas más relevantes en el dominio de las políticas públicas de juventud en Colombia, ha sido el Programa de Servicios Integrados para Jóvenes, implementado en 8 municipios (Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Pasto, Palmira y Tutunendo) desde el Programa Presidencial Colombia Joven y con el respaldo del Banco Mundial. En su conjunto, el programa logró la participación de casi 15.000 jóvenes y de casi 300 instituciones públicas y privadas, de alcance local, regional y nacional.
De acuerdo a los documentos oficiales, “el proyecto tomó como punto de partida la hipótesis que es posible mejorar la calidad y el acceso a servicios por parte de los jóvenes mediante una estrategia de asociación entre instituciones, que incluye al sector privado, a los entes estatales del orden municipal, departamental y nacional y a las organizaciones comunitarias y juveniles. La forma específica de estas asociaciones dependería del sitio en el cual se desarrolle la intervención y del problema central para abordar. Las formas de su interacción y complementación se decidirían por acuerdo entre los actores involucrados”.
Con esta perspectiva, se trabajó con la intención de articular la oferta de servicios y promover el trabajo conjunto entre diversas instituciones, en torno a seis ejes básicos: (i) prestación de servicios de formación para la convivencia ciudadana (Cali y Palmira), (ii) prestación de servicios de formación para la retención escolar (Cartagena), (iii) prestación de servicios de formación para la prevención y atención de la violencia intrafamiliar (Pasto), (iv) prestación de servicios de formación agroambiental (Tutunendo), (v) prestación de servicio de capacitación e inserción laboral (Bucaramanga y Cúcuta), y (vi) prestación de servicios de formación en manejo sostenible de cuencas (Ibagué).
Las evaluaciones internas y externas realizadas en los últimos tiempos muestran importantes impactos y destacados niveles de satisfacción entre los jóvenes participantes. La experiencia mejoró la integración de instituciones, grupos y personas en procesos de diagnóstico, planeación y validación del modelo propuesto, la transferencia y apropiación para los beneficiarios de metodologías innovadoras para el diseño de proyectos, la construcción y validación de una estrategia de intervención y de un sistema de monitoreo y evaluación, que pueden ser utilizados en muy diversos contextos en el futuro.
Entre el 40 y el 65 % de los jóvenes beneficiarios reconoce que ahora existen mejores oportunidades para ellos en su localidad, y entre el 30 y el 80 % (según las localidades) destacan en particular que ahora disponen de más y mejores oportunidades de trabajo, y para desarrollar sus propios proyectos. Asimismo, el 50 % de los beneficiarios reconocen mejorías en sus habilidades personales y sociales, y alrededor del 80 % quisiera seguir participando en el programa, al tiempo que aspiran a que otros jóvenes también beneficiarse con los servicios recibidos.
CONTROL SOCIAL
El Control Social Juvenil es un mecanismo democrático de participación ciudadana liderado por jóvenes, que busca promover la vinculación social de la ciudadanía en actividades de vigilancia y control de la gestión pública. Es una de las formas que tienen los jóvenes en Colombia de hacer parte del presente tratando de abrir un camino de transparencia para el futuro, utilizando no solo las herramientas jurídicas y constitucionales sino también aplicando el sentido de pertenencia y liderazgo que a esta generación caracteriza.
Hoy en día, esta metodología del Programa Presidencial Colombia Joven ha logrado llegar a distintos rincones del país, sensibilizando y capacitando en acciones que llevan a retomar los valores de la transparencia y el trabajo en equipo, para que así los jóvenes ayuden a lograr una mayor eficiencia en la labor de la gestión pública, la cual se verá representada en mayor inversión, mejores obras, mejor calidad de vida y mejor convivencia ciudadana.
Así es como los jóvenes en los departamentos focalizados lideran procesos de promoción del control social a la inversión de recursos en distintos sectores del desarrollo de la gestión pública, tales como el Sistema Integrado de Transporte Masivo y el Sistema Educativo; demostrando que la naturaleza democrática del proceso garantiza su transparencia y efectividad porque no se compone de acciones que busquen acusar sino, por el contrario, colaborar con los funcionarios públicos y hacer de su accionar una gestión comprometida con la comunidad, orientada a los resultados sociales positivos, garantizando así el cumplimiento de los derechos obtenidos gracias a la Constitución y brindando la oportunidad a todos de aplicar los deberes.
Sobre el Pupitre: Control Social Juvenil en el Sector Educativo: La unión de esfuerzos entre gobierno, colegios, comunidad y jóvenes es la fórmula propuesta por el Programa Presidencial Colombia Joven para mejorar la educación en Colombia con transparencia de las instituciones y más calidad: 26 instituciones educativas, 5 secretarías municipales de educación, contralorías municipales, personerías, organizaciones sociales y asociaciones de padres de familia, son algunos de los vinculados a esta iniciativa.
Cada actor participante en el proyecto contribuye al logro de las metas y objetivos del proyecto aportando su trabajo: las instituciones con capacitación a los jóvenes, los colegios facilitando la logística, motivando y apoyando las actividades (en algunos casos han decidido validar a los estudiantes su participación en el proyecto como servicio social obligatorio) y los jóvenes aportan su disposición y talento para trabajar por su comunidad educativa, preparándose y liderando los talleres de evaluación participativa y la aplicación de las herramientas de control.
Los jóvenes se dividen el trabajo y asumen la responsabilidad de recoger la información que permita conocer si el número de estudiantes por los cuales el gobierno está pagando a la institución para su formación son los que efectivamente asisten a estudiar, cuántos han desertado e indagar las causas que generaron el abandono del estudio por parte de niños y jóvenes, cobros ilegales en los colegios, etc. Sobre el Pupitre le ha permitido a los jóvenes de Pereira, Manizales, Ibagué, Armenia y próximamente a los de Pasto, aprender de una forma dinámica sus derechos y deberes al interior de las escuelas, formarse como líderes, fortalecer su sentido de pertenencia y trabajar en conjunto con sus padres y maestros para poner eficiencia, recursos, problemáticas e instituciones “sobre el pupitre”.
Objetivo General: Fomentar la participación y el empoderamiento juvenil a través de ejercicios de control social que permitan la revisión del sistema de información que fundamenta la administración del sector, el acatamiento de procedimientos legales, el ejercicio de prácticas incluyentes de toda la comunidad educativa y el fortalecimiento de la transparencia al interior de instituciones educativas de nivel medio.
Objetivos Específicos: (i) promover la participación de jóvenes en ejercicios de control social juvenil frente al sector educativo local; (ii) vincular instituciones locales y nacionales en la ejecución del proyecto; (iii) desarrollar una estrategia de comunicación que permita difundir derechos, fortalecer la transparencia en la administración y crear un espacio lúdico para los jóvenes vinculados al proyecto; (iv) fomentar la participación de la comunidad educativa en la gestión y evaluación de las instituciones educativas; y (v) contribuir en el mejoramiento de prácticas y procesos administrativos a través de la identificación de debilidades y formulación de recomendaciones.
Actividades: (i) Implementación del proyecto en el nivel local (concertación interinstitucional; formalización de alianzas interinstitucionales; sensibilización estudiantes instituciones educativas de nivel medio; selección de voluntarios escolares; conformación de Comités de CSJ Escolares; aplicación de Guías de control; realización de evaluación participativa por plantel educativo; sistematización de la información.br>. Realización de talleres de socialización y validación de resultados; elaboración de recomendaciones de los Comités de CSJ; rendición de cuentas); (ii) Sistematización Nacional del Proyecto; (iii) Transferencia de la Metodología para Entidades territoriales, universidades, órganos de control u otras organizaciones interesadas en replicar esta metodología.
Avances: 5 Municipios focalizados para ejecución del piloto del proyecto. Manizales, Armenia y Pereira en etapa de Capacitación de los voluntarios escolares que será válido como Servicio Social Obligatorio para los jóvenes. Ibagué en etapa de cierre de la concertación interinstitucional y selección de la Instituciones educativas entre 10 que presentó la Secretaría de Educación Municipal. Pasto cerrada su etapa de concertación Interinstitucional iniciará la selección de voluntarios. Población de las I. E. vinculadas: 35.000 alumnos matriculados aproximadamente, 490 jóvenes sensibilizados, 150 jóvenes capacitándose a la fecha en tres ciudades. A disposición del proyecto: 13 emisoras escolares 15 periódicos murales, 16 medios de comunicación escolar
CAPACITACIÓN Y EMPLEO
El Programa “Jóvenes en Acción” está dirigido a mejorar las condiciones de empleabilidad, y por esta vía a mejorar los niveles de inserción laboral y social de jóvenes entre 18 y 25 años de edad de los deciles 1 y 2 de la distribución de ingresos, en siete principales ciudades del país Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Manizales y Cartagena) . Su meta de cobertura es de 100.000 jóvenes en un período de tres años, lo que permitirá atender aproximadamente al 60% de la población objetivo. La inversión total prevista en este programa es de US$ 70 millones.
Los objetivos del programa son: (i) desarrollar en los jóvenes competencias específicas en un oficio dado, hasta alcanzar el nivel de trabajador semicalificado; (ii) promover el desarrollo de competencias básicas, sociales y transversales del joven, para mejorar su capacidad de vinculación y desempeño laborales; (iii) fortalecer la oferta privada de formación laboral con base en las demandas de los sectores productivos y las características y expectativas de los jóvenes beneficiarios; (iv) acercar a los jóvenes beneficiarios y a las entidades de capacitación al entorno empresarial.
El programa ofrece a sus beneficiarios los siguientes servicios:
Un paquete integral de Formación Laboral que incluye contenidos de Formación para el Trabajo, Formación Laboral en un oficio semicalificado, y Práctica Laboral en una empresa formal. El proceso formativo se prolongará durante seis meses divididos en una Fase Lectiva de hasta 350 horas de intensidad y una Fase de Práctica Laboral Dirigida, de tres meses de duración.
Un auxilio en efectivo para sufragar gastos de transporte y refrigerio, por valor de 2.2 dólares) por día asistido a la formación y a la práctica laboral. Este auxilio se eleva a 3 dólares en el caso de jóvenes madres con hijos menores de siete años, con el propósito de sufragar gastos asociados a servicios formales o informales de sala-cuna o preescolar y de esa manera facilitar su acceso al programa.
Un seguro colectivo de accidentes laborales y de responsabilidad civil para los jóvenes beneficiarios, de manera que se garantice que las ECAPs y las empresas donde se realicen las prácticas laborales estén exentas de responsabilidades laborales o civiles.
Los servicios de Formación Laboral son ofrecidos por Entidades de Capacitación (ECAPs), seleccionadas mediante convocatorias públicas. Los criterios de evaluación de las propuestas califican factores de legitimidad legal de los proponentes, de solvencia económica, de experiencia relevante, de calidad técnico-pedagógica y de pertinencia del oficio a los requerimientos del mercado de trabajo. La señal básica de pertinencia es la presentación de cartas de intención de empresas formales, de cualquier tamaño, que aseguren espacios de práctica laboral, formativas y congruentes con el oficio en el que se da la formación. El sistema de pago combina dos criterios: una remuneración razonable para la ECAP a precios de mercado, y una liquidación final contra resultados de retención y aprovechamiento de los beneficiarios en el proceso de formación y práctica laboral. La Dirección del Programa hace parte del SENA (anteriormente dependía de la Unidad Coordinadora Nacional de la Red de Apoyo Social y del Fondo de Inversión para la Paz de la Presidencia de la República).
Esta estrategia de intervención corresponde al denominado “modelo joven”, con antecedentes en Chile y otros países de la región latinoamericana, así como en Colombia. A partir del mismo, en el diseño de este caso el Gobierno de Colombia y el BID han introducido innovaciones y adaptaciones producto de aprendizajes obtenidos en experiencias previas, nacionales e internacionales, de las cuales se destacan:
1) En cuanto a los contenidos de la formación laboral. Esta misma denominación, con relación con el concepto más restrictivo de capacitación laboral, plantea una exigencia de integralidad y calidad en el servicio. En esta perspectiva es crucial el contenido de Formación para el Trabajo, que en el contexto del Programa se define como el proceso de enseñanza-aprendizaje destinado al desarrollo de habilidades básicas y sociales que faciliten y conduzcan, junto con la Formación en Oficio, a la inserción laboral del joven. La Formación para el Trabajo se fundamenta desde la estructura curricular en el concepto de “Proyecto de Vida”, entendido como un componente del desarrollo humano integral del joven, en la visión de formar ciudadanos participativos en su vida comunitaria, responsables en su vida personal y familiar y competentes en un oficio. Para permitir una adecuada realización de estos criterios, se ha llevado la duración de la Fase Lectiva a 350 horas.
2) En cuanto a la calidad de la oferta de formación. El programa pretende movilizar una amplia variedad de oferentes privados de formación, así como a la oferta pública distinta del SENA. Para ello se ha incluido en su diseño una estrategia de Fortalecimiento de la Oferta como componente programático con recursos específicos. Esta estrategia consta de elementos de promoción masiva; de información, orientación y capacitación; y de incentivo económico al desempeño exitoso. Por otra parte, los sistemas de evaluación de ofertas y de seguimiento a la ejecución (asociado este último al criterio de pago por resultados) han sido cuidadosamente diseñados para asegurar elevados niveles de calidad.
3) En cuanto a la articulación de la formación ofrecida con procesos continuados de formación. Se ha acordado con el SENA que esta institución desarrollará mecanismos ágiles para facilitar el reconocimiento y la validación de la formación obtenida por los beneficiarios del Programa de manera que ellos puedan vincularse a las distintas ofertas de su cadena formativa. Igualmente, se tiene previsto establecer acuerdos con los Gobiernos locales y Cajas de Compensación Familiar para que ellos faciliten la vinculación posterior de los egresados del programa que no han completado el nivel medio de la educación formal, a sistemas educación compensatoria de adultos.
4) En cuanto a la administración operativa del programa. Se ha diseñado un sistema de información como soporte a los procesos de inscripción de beneficiarios; convocatoria y evaluación de propuestas; contratación; seguimiento y supervisión de cursos, y liquidación de pagos, que operará interactivamente vía web para los actores involucrados en su coordinación, ejecución y evaluación.
Más Información
Documento:
Colombia. Departamento Nacional de Planeación. Consultoría para la Evaluación de Impacto del Subprograma Jóvenes en Acción.Análisis de resultados de las primeras convocatorias del Programa Jóvenes en Acción: Informe Final. Bogotá, 2004
La Encuesta Nacional de Juventud, realizada en el año 2000 a pedido del Programa Presidencial Colombia Joven, fue realizada por Invamer S.R., con el objetivo de “conocer opiniones, expectativas y actitudes de los jóvenes colombianos acerca de su propia vida y su país, con el fin de orientar políticas y planes de estado para la juventud”. El universo de la encuesta “estuvo compuesto por todos los hombres y mujeres de 12 a 26 años de área urbana de los municipios de Colombia”, y la muestra estuvo conformada por “1.020 entrevistas en hogares, para un margen de error de +/- 3 %, con un 95 % de confiabilidad”. En términos de trabajo de campo, el informe consigna que “la recolección de la información se llevó a cabo entre el 26 de mayo y el 7 de junio del 2000”.
La información recolectada se organizó en torno a seis ejes temáticos fundamentales: (i) ser joven; (ii) familia; (iii) sexualidad; (iv) educación y trabajo; (v) consumo de sustancias psicoactivas; y (vi) vida ciudadana. Importa consignar los principales hallazgos del capítulo vinculado con sexualidad (esfera en la cual existen encuestas específicas muy completas y rigurosas que aquí no consideramos) que incluye preguntas sobre relaciones de pareja, relaciones sexuales, uso de anticonceptivos, información sobre sexualidad, aceptación de conductas sexuales diferentes, y actitudes y opiniones sobre aspectos afines.
En primer lugar, la encuesta indagó sobre el tipo de relación afectiva en que se encontraban los jóvenes, constatando que 43 % tenían una relación estable, 15 % tenían una relación pasajera, y 41 % no tenían ninguna relación afectiva especial. Los entrevistados priorizaron claramente a la comunicación, al tener que identificar los factores de éxito en el funcionamiento de la pareja, junto con la fidelidad y el compartir tareas en el hogar (factores relacionados con la convivencia diaria). Más relativas fueron las menciones relacionadas con ingresos suficientes y tener el mismo nivel social (es decir, factores externos a la dinámica de lapareja).
En segundo lugar, la encuesta preguntó sobre la información relacionada con la sexualidad que los entrevistados han recibido a lo largo de su vida, diferenciando fuentes y valorando en cada caso su calidad. Las respuestas obtenidas muestran que la mayor parte de la información recibida (y la mejor valorada) proviene de libros, folletos y artículos, seguida de la que brindan padres, colegio, doctores, novio (a) y amigos (as). En contraposición, las respuestas muestran escasas menciones (y no muy buena evaluación) en relación a la información procedente de sacerdotes, televisión y películas. En general, el conjunto de las respuestas obtenidas muestran escasas valoraciones (en todos los ítems) de “muy buena” y se concentran (en las primeras menciones) en la opción de “buena”.
En tercer lugar, la encuesta preguntó sobre relaciones sexuales, constatando que los porcentajes respectivos aumentaban correlativamente con la edad: 9 % de los jóvenes de 12 a 14 años, habían mantenido relaciones sexuales, porcentaje que crecía al 42 % entre los de 15 a 17 años, al 74 % entre los de 18 a 20, al 88 % entre los de 21 a 23, y al 95 % entre los jóvenes de 24 a 26 años. Del total de jóvenes entrevistados, 40 % consideró que los jóvenes tienen su primera relación sexual entre los 14 y 15 años, mientras que otro 30 % opinó que esto ocurre entre los 12 y 13 años. Ante la pregunta de “con quien tuvo su primera relación sexual”, el 35 % de los entrevistados declara que fue con su novio/novia, 7 % con su esposo/esposa, 14 % con amigos/amigas, 1 % con parientes o familiares, otro 1 % con trabajadoras sexuales, y una cifra igualmente baja con extraños o recién conocidos. El 40 % restante declaró no haber tenido todavía relaciones sexuales (con un 1 % de respuestas no sabe/no contesta). En términos de “motivaciones”, el 57 % aduce “deseo”, el 30 % “curiosidad”, el 6 % “presión de la pareja”, 1 % “presión de amigos” y otro 1 % “imposición de padres”.
Otra de las preguntas se centró en el uso de anticonceptivos. En este caso, dos tercios declararon hacer uso de los mismos, frente a otro tercio que no los usa. El uso crece con la edad, ubicándose en el 39 % a los 12 –14 años, en el 55 % a los 15 –17 años, en el 61 % entre los 18 y 20 años, en el 71 % entre los 21 y 23, y en el 72 % entre los que tienen entre 24 y 26 años. El uso es más generalizado entre los jóvenes pertenecientes a estratos altos en la escala social (71%) decreciendo levemente en los otros estratos (68 % en los estratos medios y 63 % en los estratos bajos). En relación a los problemas que más preocupan a los jóvenes en estas materias, el 87 % de los entrevistados declararon que les preocupa mucho el VIH-SIDA, en dimensiones claramente superiores a las preocupaciones relacionadas con el embarazo (59 %), la prostitución (50 %) y las enfermedades sexualmente transmisibles (43 %).
Un capítulo particularmente importante es el referido al grado de aceptación de ciertas conductas sexuales “diferentes”. Las respuestas muestran que un 41 % acepta la homosexualidad (frente a un 56 % que no la acepta), un 35 % acepta la masturbación (57 % no la aceptan) y 22 % acepta el travestismo (frente a 61 % que no lo aceptan). En paralelo, solo 10 % acepta el transexualismo (frente a un 55 % que lo rechaza y un 34 % que no sabe o no contesta), apenas un 6 % acepta el sadomasoquismo (frente a un 65 % que lo rechaza y un 29 % que no sabe o no contesta), un 5 % acepta el voyerismo (47 % lo rechaza y 49 % no sabe o no contesta), 3 % acepta la pedofilia (40 % la rechaza y 56 % no sabe/no contesta) y otro 3 % acepta la zoofilia (51 % la rechaza y 46 % no sabe o no contesta).
En relación a otros temas, el 90 % declara que el aborto es inaceptable (el 85 % incluso lo sostiene aún en el caso de que “no se tiene dinero para mantener el hijo”). En paralelo, 79% manifiesta estar de acuerdo con que “está bien tener relaciones sexuales con alguien que me guste”, pero solo el 30 % está de acuerdo con que “los amigos ejercen presión para tener relaciones sexuales”, al tiempo que 70 % están de acuerdo con que “hoy en día muchos jóvenes entran en la prostitución por necesidad económica"
REDES JUVENILES
Red Nacional de Organizaciones Juveniles
Este es un proceso que se viene desarrollando desde 1995 con el apoyo de la Fundación Restrepo Barco, desde donde se promovió una estrategia de articulación y trabajo con alrededor de 73 Colectivos de Jóvenes en 50 municipios de diferentes regiones del país, buscando el reconocimiento de los y las jóvenes como actores sociales capaces de incidir en las dinámicas socioculturales y los procesos de participación del país. Es una experiencia desarrollada principalmente con jóvenes de zonas rurales y de estratos socioeconómicos bajos. En el desarrollo de la experiencia, los diferentes colectivos participantes constituyen diversas estrategias de comunicación, formación en participación, liderazgo y formulación de proyectos y de movilización y construcción de opinión pública tanto local como nacional.
Red Juvenil de Medellín
La Red Juvenil surge como propuesta de articulación y unidad juvenil en 1990, promoviendo el protagonismo juvenil, la autonomía y una actitud critica y propositiva ante problemáticas que afectan a la juventud y a sus organizaciones. Focalizó su trabajo en las zonas Nor Oriental, Nor Occidental y Centro Oriental donde creó Redes Zonales. Se plantean como una organización de jóvenes que aporta al empoderamiento de las juventudes, asumen la no-violencia activa como filosofía, desde donde contribuyen a la transformación de la cultura patriarcal, se articulan e integran con iniciativas políticas y sociales alternativas, así mismo se plantean la participación como construcción de nuevas formas de hacer de lo político, para constituir y fortalecer una sociedad justa, incluyente, equitativa y humana, que asuma sus propias formas de organización
Dentro de sus objetivos frente al trabajo con jóvenes, plantean la importancia de contribuir a configurar, articular y fortalecer grupos, colectivos y organizaciones de jóvenes para la resistencia y defensa colectiva de los derechos, y para fortalecer el tejido social juvenil, de manera que éste participe en la incidencia política de la Red Juvenil, por medio de la formación, el intercambio y la promoción y el posicionamiento de apuestas políticas de la propia Red Juvenil, en diversos escenarios locales, nacionales e internacionales, a partir de la acción pública, la interlocución, la participación y el hermanamiento con procesos sociales a fines a las prácticas, apuestas y discursos de la organización. Se han propuesto a lo largo de su historia crear y fortalecer procesos de gestión y autogestión tendientes al autosostenimiento económico de la organización y al fortalecimiento de los niveles de autonomía de la misma, promoviendo relaciones de cooperación y apoyo político desde la co-decisión y solidaridad con agencias y movimientos internacionales.
Texto elaborado en base al documento:
Fulvia Márquez Organizaciones y Movimientos Juveniles en Dos Ciudades de Colombia: Bogotá y Medellín . En el marco del estudio “Evaluación de Capacidades Institucionales de los Movimientos Juveniles en la Región Andina”, implementado por el Centro Latinoamericano sobre Juventud (CELAJU) con el apoyo del Banco Mundial y de la Unesco, concebido como “Estudio de Caso”.
OFERTA PUBLICA
Una amplia gama de programas y servicios, con características y coberturas muy disímiles, componen el Portafolio de Oportunidades para los Jóvenes de Colombia, editado por el Programa Presidencial Colombia Joven. La sistematización informativa correspondiente, disponible en internet (www.colombiajoven.gov.co) y también impresa, fue construida sobre la base de un cuestionario enviado a todas las entidades municipales, departamentales y nacionales, para luego ser clasificada a través de diversas alternativas de recuperación.
Por un lado, la “oferta” está organizada por sectores, incluyendo 128 programas en 9 agrupamientos: (i) cultura, deporte y aprovechamiento del tiempo libre; (ii) productividad, financiamiento y emprendimiento; (iii) convivencia, derechos de los jóvenes y seguridad democrática; (iv) educación, ciencia y tecnología; (v) salud y prevención integral; (vi) comunicación, voluntariado y minorías, (vii) poblaciones especiales y minorías; (viii) oferta pública indicativa (proyectos exitosos seleccionados por el Departamento Nacional de Planeación); y (ix) proyectos del Programa Presidencial Colombia Joven. Las vinculadas con “deportes”, “minorías” y “productividad”, son las que concentran más proyectos.
Por su parte, 106 de los proyectos fueron clasificados por “palabras claves” en términos de tipo de servicio que ofrecen, incluyendo otras 9 categorías: (i) atención y acompañamiento; (ii) divulgación y conectividad; (iii) financiación, garantías y Becas; (iv) formación y/o capacitación; (v) gestión, modernización y alianzas; (vi) información e investigación; (vii) inserción laboral; (viii) participación e inclusión; y (ix) promoción. Las áreas que concentran más “proyectos” son “participación y acompañamiento”, “financiación, garantías y becas”, “promoción” y “formación y/o capacitación”.
En el caso de cada programa o proyecto, la ficha correspondiente incluye información institucional, una descripción básica, el tipo de población beneficiaria, los requisitos para acceder, y las personas a contactar (con sus datos referenciales). Por lo dicho, las “búsquedas” pueden ser realizadas –también- en términos institucionales. Adicionalmente, la información está “georreferenciada”, por lo que también se puede consultar con esta lógica (ubicando la oferta disponible en un municipio o departamento en particular). Se trata, sin duda, de una importante sistematización informativa, de gran utilidad práctica.
POLÍTICA NACIONAL DE JUVENTUD
Luego de amplio y riguroso proceso consultivo, que incluyó a los diferentes sectores sociales y a una amplia gama de instituciones públicas y privadas relacionadas con la dinámica juvenil, así como también a un amplio conjunto de expertos nacionales e internacionales, el Programa Presidencial Colombia Joven (adscrito a la Presidencia de la República) presentó públicamente su “Política Nacional de Juventud”, diseñada en términos de “Bases para el Plan Decenal de Juventud 2005-2015”.
El documento, uno de los más rigurosos y sistemáticos conocidos en los últimos años, está redactado con un enfoque moderno y riguroso, que elude los “lugares comunes” en los que reiteradamente se ha caído en este tipo de ejercicios, y lejos de centrarse en un planteo autorreferenciado, se sumerge en las complejidades de la dinámica social, económica, política y cultural colombiana, para intentar ubicar en dicho marco la dinámica específicamente relacionada con las y los jóvenes.
En este marco, el texto parte destacando que “la Política Nacional de Juventud no es el conjunto de actividades que realiza el Programa Presidencial Colombia Joven, sino todos los esfuerzos y acciones que se adelantan desde las diferentes instituciones sectoriales de la administración pública y cuyos destinatarios, son los jóvenes”. Al mismo tiempo, destaca que “la Política Nacional de Juventud es el punto de partida y el escenario de llegada”, en la medida en que “el Plan Decenal de Juventud, que se formulará a través de un ejercicio de debate y concertación de amplia cobertura, será la ruta que permitirá que en Colombia exista tanto una Política de Estado en relación a los jóvenes, como una permanente discusión sobre asuntos relativos a la juventud”.
En la primera parte del documento (centrado en el diagnóstico de situación del que se parte) el texto realiza una caracterización demográfica del tema, junto a un análisis de la situación de los jóvenes en cuanto a participación en la vida pública, la solidaridad y la convivencia, al tiempo que revisa el acceso de los jóvenes a los diferentes servicios públicos, y su situación en relación con las oportunidades económicas, sociales y culturales disponibles, cerrando este capítulo con un balance esquemático de las lecciones aprendidas en el terreno de las políticas públicas de juventud.
La segunda parte del texto está dedicada a explicitar los “fundamentos” de la Política Nacional de Juventud, destacando que ésta “reconoce a los jóvenes como sujetos de derecho, portadores de valores y potencialidades específicas que los convierten en actores claves para la construcción de una sociedad más equitativa, democrática, en paz y con justicia social. De la existencia de amplias capacidades en los jóvenes –agrega el texto- depende en buena medida el desarrollo de la sociedad entera, pues durante la etapa vital de la juventud las personas se desarrollan y afianzan los atributos y cualidades que en el futuro permiten contar con unos ciudadanos sanos, educados, productivos y preparados para asumir los retos inherentes al mundo contemporáneo”.
El documento asume una serie de “criterios” que sustentan la política de juventud, entre los que se incluyen: énfasis en lo local, equidad y pluralidad, enfoque de género, diferenciación entre adolescencia y juventud, destaque de los derechos de los jóvenes, perspectiva poblacional para incidir en lo sectorial, apropiación presupuestal, y relación dinámica y fluida con los Planes de Desarrollo. Aunque no se distinguen derechos específicos, importa destacar –en el marco de estas notas- que no se hace referencia en ningún momento a los derechos reproductivos, aspecto clave de nuestro análisis específico.
La tercera parte del texto, por su parte, centrada en “objetivos y ejes estratégicos”, destaca tres prioridades: (i) participación en la vida pública y en la consolidación de una cultura de la solidaridad y la convivencia; (ii) acceso a bienes y servicios públicos; y (iii) ampliación de oportunidades sociales, económicas y culturales. La cuarta parte del documento está centrada en herramientas para la implementación de la política nacional de juventud.
Importa destacar en este marco, que una amplia gama de expertos en juventud, que trabajan en muy diversos contextos nacionales en América Latina y en otras partes del mundo, participaron de una Consulta Electrónica para opinar sobre los contenidos de esta rigurosa propuesta de Plan Nacional de Juventud. La Consulta, coordinada por el CELAJU, aportó elementos sumamente ricos para mejorar los contenidos de la propuesta y colaboró –por lo tanto- con el fecundo proceso nacional. La “memoria” de la Consulta, con el registro completo de todos los comentarios intercambiados está disponible en www.celaju.org/foros
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